Las novedades de la ley de startups

El Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocido como Ley de startups, ya está en el Congreso para su tramitación. Y llega a las Cortes con algunas novedades con respecto al anteproyecto presentado en el mes julio. Además de ventajas fiscales y de la simplicación de los trámites burocráticos, la nueva normativa modifica la definición de startups, entre otros cambios.

Estas son sus principales novedades.

¿Qué es una startup?

Uno de los cambios introducidos por el Gobierno en la ley es la modificación del término startup. Gracias a ella, los negocios de muchos autónomos se podrán considerar startups y, por lo tanto, beneficiarse de las ventajas fiscales que recoge la normativa.

La ley considera startups a aquellas empresas «que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales«. Además, deberán tener su sede social, un establecimiento permanente y la mayoría de los empleados en España. Sus ingresos no deberán superar los cinco millones de euros y no pueden cotizar en ningún mercado de valores.

Para que las empresas se puedan beneficiar de todas las ventajas establecidas en el nuevo texto de la ley de startups, deberán ser acreditadas a través de ENISA, Empresa Nacional de Innovación dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas.

Emprendimiento en serie y nómadas digitales

La nueva ley permitirá que un único emprendedor se pueda beneficiar de todas sus ventajas en hasta tres proyectos distintos (pueden ser paralelos o consecutivos).

Respecto a los nómadas digitales, es decir los emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español) estos podrán obtener el visado y la residencia a través de un procedimiento más ágil. Además, estarán sometidos a un régimen tributario especial y tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años.

Ventajas fiscales y burocráticas de la ley de startups

Los beneficios fiscales más destacados de la nueva ley son:

Rebaja del Impuesto de Sociedades. Pasa del 25% al 15%
Los emprendedores que compaginen su startup con un trabajo por cuenta ajena no tendrán que cotizar como autónomos durante tres años. Es decir, que durante este tiempo, se elimina la doble cotización a la Seguridad Social de estos emprendedores.
Stock options. Se eleva su exención fiscal de 12.000 a 50.000 euros. Además, se retrasa su tributación hasta el momento en que se hagan líquidas, ya sea por su venta o por la salida a bolsa de la empresa.
Aumenta la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. Pasará de 60.000 a 100.000 euros. Este incentivo beneficiará a los inversores y a los propios emprendedores.

En cuento a los trámites burocráticos, la norma incluye también una serie de ventajas:

Se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de los no residentes. Será durante los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
No será obligatorio obtener el Número de Identificación de No Residente para los inversores extranjeros.
Habrá más entornos de prueba para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio.
Se eliminan algunos de los aranceles notariales necesarios para la constitución de una nueva empresa.
Los inversores extranjeros pueden operar con un NIF, sin necesidad de sacarse un NIE para una inversión aislada.
Para favorecer el retorno del talento, se rebaja de 10 a 5 años la no residencia previa para acceder al nuevo régimen especial.
La constitución de una empresa se podrá hacer «mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en 6 horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en 5 días hábiles en el resto de casos».

La ley de startups podría entrar en vigor en verano de 2022. La nueva normativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cambiar la estructura productiva del país, mejorar el clima de negocios y crear empleo.