El Congreso de los Diputados ya aprobó de forma definitiva la Ley de Creación y Crecimiento Empresas (conocida por la Ley Crea y Crece) cuyo principal objetivo es facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión. Las pymes serán las más beneficiadas por la nueva normativa ya que se reducirá el coste económico y también los trámites para su constitución.
Medidas de la Ley Crea y Crece que más benefician a las empresas
El fin de la Ley Crea y Crece es impulsar el crecimiento empresarial con medidas que aseguren el aumento de la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización de las compañías. Entre otros avances, la nueva norma se centra en:
- Reducir y agilizar los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Fomentar su crecimiento a través de la mejora regulatoria.
- Generalizar el uso de la factura electrónica.
- La lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
- Impulsar la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.
Crear una empresa será más fácil y rápido
La Ley Crea y Crece permitirá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro. Hasta el momento el mínimo legal establecido es de 3.000 euros. El objetivo es favorecer la creación de nuevos negocios y que las empresas puedan destinar sus recursos a financiar otras necesidades.
La ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) permitirá la constitución telemática de las empresas. Se garantiza así la reducción de los plazos para su creación y también de los costes notariales y registrales.
Mejoras para facilitar el crecimiento empresarial
Entre las medidas que adopta la nueva ley para impulsar el crecimiento de las empresas están:
- Simplificar la legislación existente, eliminando las regulaciones innecesarias y estableciendo procedimientos más ágiles.
- También se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. «Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma».
- Modificación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
Financiación alternativa
En el ámbito del crowdfunding, la ley adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Tambien se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a estos y así reducir costes de gestión.
Con el fin de aumentar el número de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros). También se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.
En cuanto al capital de riesgo, se amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades. Se incluyen las empresas financieras con un alto componente tecnológico.
En las Instituciones de Inversión Colectiva se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral. Además se establecen los medios telemáticos como medio de comunicación por defecto y se flexibiliza el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.
Lucha contra la morosidad
Tal y como indica el texto de la ley, las medidas que esta introduce para luchar contra la morosidad beneficiarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas. A partir de ahora la obligación de expedir y remitir una factura electrónica se extiende a todas las relaciones comerciales de empresas y autónomos. Las compañías que no cumplan con los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad, no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
También se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).
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