Las reformas del Comité de Basilea revisadas en junio de 2011 están basadas en las conclusiones de la crisis financiera y pretenden reforzar las normas internacionales de capital y liquidez con la finalidad de promover un sector bancario más resistente. El objetivo de estas reformas es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones financieras o económicas. Estas normas están recogidas en el ya conocido Marco de Basilea III.
El Comité de Basilea ha reforzado el marco de capital regulador a partir de los pilares del marco de Basilea II, centrados en aumentar la calidad de la base de capital, la cantidad de ésta y en mejorar su cobertura de riesgo. A esto se le suma un coeficiente de apalancamiento que actúa como respaldo de las medidas de capital basadas en el riesgo, diseñado para prevenir el exceso de apalancamiento en el sistema bancario y proporcionar mayor protección frente al riesgo.
Por último, se han añadido elementos macroprudenciales para contener los riesgos sistémicos derivados de la prociclicidad y de la interconexión entre instituciones financieras.
A pesar de intentar mejorar la gestión del riesgo y el buen gobierno de las entidades crediticias, y en perjuicio del espíritu de Basilea en tanto que pretende “ampliar la concesión de crédito a entidades minoristas”, las reformas introducidas endurecen en gran medida los requisitos en los análisis de solvencia de autónomos y Pymes, hasta tal punto que declara como “insolventes estructurales” a más de un millón de autónomos.
Estas medidas tan restrictivas han alertado a Cepyme, quien ya ha anunciado la caída de 5,4 puntos interanual en la concesión del crédito a pymes durante los cuatro primeros meses del año y denunciaba la poca flexibilidad de los bancos con el colectivo de microempresas.
Las entidades de crédito afirman que “con los criterios mínimos que nos marcan desde arriba se llega al punto de que si hay una sola devolución del recibo de la luz o del teléfono no se puede dar ni un duro”. Además, los productos financieros se verán reducidos a la vez que encarecidos, reduciendo los servicios y la calidad de los mismos.
Como vemos, y es una de las críticas más frecuente a estas medidas de Basilea III, las normas recomendadas y acatadas por los gobiernos, están encaminadas al fortalecimiento del sector financiero, olvidando la pequeña y mediana empresa y las consecuencias que estas medidas emanan en perjuicio/beneficio de la pyme. La empresa es un convidado de piedra en este nuevo entramado financiero, en dónde no se han tenido en cuenta la repercusión de estas medidas y los problemas de financiación que actualmente tiene.
Ante estas recomendaciones para el sector financiero y las consecuencias que éstas entrañan, se puede percibir que el crédito quedará limitado a entidades con ratings internos inmejorables, a las que elijan proyectos con necesidades de financiación ajena escasa, o a aquellas que tengan unas condiciones de solvencia tan elevadas como para satisfacer los exigentes requerimientos de Basilea.
Sin embargo, la tendencia actual en el sistema económico es la de excesiva dependencia de las pequeñas y medianas empresas del crédito facilitado por entidades financieras, situación que ha propiciado la posibilidad de una diversificación de las fuentes de financiación de esas empresas. Esta circunstancia dio pie al nacimiento de soluciones de financiación alternativa entre las cuales destaca el invoice trading, una herramienta de descuento de pagarés y factura. Finanzarel se diferencia con una plataforma pionera en España que permite a las empresas obtener financiación para su capital circulante, al margen de cualquier entidad financiera. Este “Marketplace” ofrece un canal de comunicación entre empresas que desean financiar su circulante al mejor coste posible y de una manera eficiente y rápida con inversores cualificados e interesados en invertir en una cartera diversificada de efectos a cambio de una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo.